En Italia, el Estatuto del Trabajador (Ley 300) regula el empleo con fuerte intervención estatal, diferenciándose de propuestas flexibilizadoras al garantizar coberturas salariales durante enfermedades. Los primeros tres días de baja se pagan al 100% por el empleador; del cuarto al 21, mitad empresa y mitad INPS (equivalente al ANSES); y del 22 al 180, el 66% por el Estado y 34% por la empresa, protegiendo hasta casi seis meses anuales sin riesgo inmediato de despido.
La licencia por maternidad otorga cinco meses pagados a la mujer (dos pre y tres post parto), transferibles al padre si la madre opta por no tomarla, promoviendo equidad familiar. La paternidad inicial es de 10 días al 100%, extensible en casos especiales. Estas medidas, reformadas en 2015 para mayor flexibilidad, mantienen tutela al trabajador con el Estado como garante, incluso en crisis como el COVID, donde subsidios cubrieron salarios completos durante cierres.
A diferencia de enfoques que priorizan solo al sector privado, Italia integra sindicatos fuertes y presencia estatal en ambos ámbitos, evitando retrocesos en derechos. Esta estructura, con modificaciones recientes hasta 2025, equilibra modernización y protección, contrastando con debates globales sobre precarización laboral.