Lucas Bordón, un hombre de Mendoza diagnosticado con linfoma de grado 4, enfrenta una batalla no solo contra el cáncer, sino también contra el sistema de salud que le niega el acceso a la medicación esencial para su supervivencia. Tras someterse a una cirugía para implantar un catéter Portacath, necesario para recibir el tratamiento oncológico, Lucas se vio obligado a confrontar directamente a la obra social Ospaca, que se negó a cubrir el costo de 60 millones de pesos mensuales por seis meses, alegando imposibilidad económica.
La negativa de la obra social, que Lucas pagó durante 14 años mediante descuentos obligatorios en su sueldo, generó una escalada de tensión. En un intento desesperado, Lucas amenazó con encadenarse en las oficinas si no recibía respuestas claras, destacando cómo el cáncer avanzaba rápidamente: en un mes, se extendió de los ganglios a la tercera vértebra de su columna. La familia y abogados lucharon incansablemente, golpeando puertas en Buenos Aires y presentando recursos ante la Defensoría del Paciente y la Superintendencia de Salud, exponiendo las dilaciones y mentiras de la entidad, que repetía que 'los médicos auditores están analizando el caso' para estirar los plazos.
Finalmente, gracias a la intervención de la Defensoría del Paciente y el apoyo de abogados, Lucas obtuvo la medicación vital. Sin embargo, este caso resalta una problemática mayor en el sistema de obras sociales argentinas, donde los afiliados pagan cuotas obligatorias pero enfrentan barreras para acceder a tratamientos caros. Lucas enfatizó la falta de empatía de la obra social, que le pedía comprensión por su situación económica mientras él temía no ver crecer a sus hijos. Su historia sirve como llamado de atención para que el Estado garantice el derecho a la salud sin excusas financieras.