La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los pedidos presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria. Los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, en un fallo mayoritario, mantuvieron las limitaciones impuestas, argumentando que cualquier alivio supondría un apartamiento del principio de igualdad ante la ley, especialmente en casos de delitos graves como los de corrupción.
Entre las restricciones confirmadas se encuentran el límite de visitas a un máximo de tres personas por vez, con una frecuencia de hasta dos veces por semana y una duración no superior a dos horas. Además, se denegó el retiro de la tobillera electrónica, considerada esencial para garantizar la efectividad de la detención. El juez Hornos enfatizó que basar decisiones en la notoriedad pública o el rol institucional previo del condenado no justifica excepciones, subrayando la necesidad de controles estrictos para evitar fugas o irregularidades.
El disidente, el juez Mariano Borinsky, votó a favor de retirar la tobillera y permitir acceso irrestricto a la terraza por razones de salud, argumentando que las restricciones afectan el derecho a la intimidad y que, dada la custodia policial permanente y el perfil público de Fernández de Kirchner, el monitoreo electrónico resulta innecesario. Esta decisión se enmarca en la condena de seis años por la causa Vialidad, donde se le imputa administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una deuda pendiente de devolución de más de 684 mil millones de pesos.
La resolución ha generado un amplio debate sobre la aplicación de la ley a figuras políticas de alto perfil, recordando casos históricos como el de Carlos Menem, quien también cumplió arresto domiciliario. Mientras tanto, simpatizantes y críticos continúan movilizados, con concentraciones frente al domicilio de la expresidenta en busca de mayor visibilidad para su situación.