La proliferación de celulares en prisiones argentinas facilita delitos como extorsiones y sextorsiones, como el caso del soldado que se quitó la vida en Olivos víctima de un esquema operado desde la cárcel de Magdalena. Autoridades exploran inhibidores de señales, dispositivos que emiten interferencias para bloquear comunicaciones en 2G, 3G, 4G, 5G y Wi-Fi dentro de los penales, impidiendo que los presos coordinen actividades ilícitas.
Estos equipos, instalados perimetralmente, generan un 'ruido' electrónico que satura las antenas cercanas, pero presentan desafíos: interfieren también con teléfonos de guardias y vecinos, violando normativas en países como Estados Unidos. Alternativas incluyen bloqueadores selectivos, que permiten solo números autorizados vía acuerdos con operadoras, o teléfonos públicos controlados por el penal para monitorear llamadas y limitar contactos a familiares.
A pesar de las prohibiciones, el contrabando persiste, convirtiendo cárceles en 'call centers del delito'. Implementaciones en Latinoamérica han fallado por sabotajes internos, donde personal apaga los dispositivos a cambio de sobornos. Expertos insisten en combinar tecnologías con políticas firmes, presupuestos adecuados y supervisión para reducir la impunidad, priorizando la rehabilitación sin comprometer la seguridad externa.