En Colombia, la gestación subrogada gana popularidad entre parejas infértiles o del mismo sexo que buscan formar familias, con intermediarios como hospitales de fertilidad y fundaciones facilitando acuerdos por compensaciones de hasta 10.000 euros, como en el caso de Estela. Sin embargo, la falta de marco legal expone a vulnerabilidades: las gestantes, a menudo de bajos recursos, enfrentan riesgos médicos y emocionales, mientras padres intencionales y niños carecen de protecciones claras.
La Corte Constitucional ha instado al Congreso a legislar, destacando peligros como procedimientos en clínicas no óptimas y potencial tráfico transfronterizo de menores. Expertos advierten que acuerdos informales violan derechos humanos, especialmente de mujeres y niños, al priorizar intereses económicos sobre bienestar. Organizaciones proponen prohibir la práctica para evitar explotación, argumentando que commoditiza la maternidad y perpetúa desigualdades.
El debate nacional cuestiona si regularla garantizaría equidad o incentivaría abusos. Mientras, casos como el de parejas que viajan por subrogación resaltan la demanda global, pero en Colombia urge una ley que equilibre derechos reproductivos con salvaguardas éticas, previniendo violaciones integrales en un contexto de derechos humanos frágiles.
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Resumen 26
Gestación subrogada en Colombia: auge sin regulación genera riesgos éticos y legales
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