En Colombia, la gestación subrogada gana terreno como opción para parejas infértiles o del mismo sexo, con cientos de mujeres alquilando su vientre por compensaciones que rondan los 10.000 euros. Casos como el de Estela, quien ha completado varios embarazos para sostener a su familia y estudios, ilustran la satisfacción de ayudar a formar hogares, aunque el proceso emocional de separarse de los bebés genera contradicciones internas.
Sin un marco legal claro, intermediarios como clínicas de fertilidad y fundaciones operan cobrando comisiones, atrayendo principalmente a clientes extranjeros. La Corte Constitucional urge al Congreso a legislar, ya que la ausencia de normas expone a riesgos a gestantes, padres intencionales y niños, incluyendo acuerdos informales, procedimientos médicos irregulares y potencial tráfico infantil. Expertos advierten que esta práctica explota la pobreza y desigualdad, violando derechos humanos.
A pesar de los debates, un estudio de la Universidad de los Andes revela que muchas mujeres repetirían la experiencia por los beneficios económicos y emocionales. Organizaciones claman por prohibición o regulación estricta para proteger a todas las partes, mientras el tema se posiciona como un dilema ético en un país donde el derecho a la paternidad choca con vulnerabilidades sociales.