Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la extensión del decomiso a 141 bienes de la familia Kirchner y 128 de Lázaro Báez en la causa Vialidad, argumentando una resistencia sistemática a cumplir la sentencia firme. Esta maniobra busca recuperar activos por un monto estimado en 685 mil millones de pesos, derivados de actos de corrupción durante 12 años de gobierno. Entre los bienes figuran departamentos en Puerto Madero, inmuebles en Santa Cruz y dólares en cajas de seguridad, como los 4,6 millones encontrados en posesión de Florencia Kirchner.
La petición incluye propiedades transferidas post-investigación, como un dúplex de 620 metros cuadrados en Madero Center, valorado en millones de dólares, y siete inmuebles en Santa Cruz. Los fiscales denuncian una 'falta de arrepentimiento' y opulencia desproporcionada, destacando que la defensa de CFK utiliza artilugios para evadir la justicia. Paralelamente, la causa Otesur avanza con ritmo acelerado: se sorteó un nuevo juez y se anticipa un escrito para fijar audiencias, señalando un sistema interconectado de causas que impide fugas de bienes.
Este pedido coincide con un mayor escrutinio judicial sobre el kirchnerismo, reflejando un cambio en el ritmo de los tribunales que responde a demandas sociales. Fuentes judiciales indican que la sincronicidad entre pérdida de poder político y avances legales marca el fin de una era de impunidad, donde presidentes eran intocables pese a evidencias de enriquecimiento ilícito. El decomiso no solo busca justicia económica, sino también simbólica, al exponer fortunas incompatibles con la realidad argentina.
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Fiscales piden decomiso de 269 bienes a familia Kirchner por corrupción en Vialidad
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