La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó un decreto para suprimir varios organismos estatales considerados nidos de corrupción y gasto innecesario, en un esfuerzo por reducir la burocracia heredada del régimen de Nicolás Maduro. Entre los eliminados figuran el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, usado para perseguir opositores, y fundaciones como Propatria 2000 y la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. Esta medida responde a la necesidad de financiar un Estado más eficiente ante la ausencia de ingresos genuinos por sanciones al petróleo.
La decisión envía un mensaje de transformación, alineándose con directrices desde Washington, y busca desmantelar estructuras que facilitaban el control político y el despilfarro. Organismos con nombres extensos y funciones opacas, como la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Fuerza y Reserva Activa, fueron disueltos para priorizar recursos esenciales. Analistas ven en esto un intento de estabilizar la economía venezolana, alejada de organismos internacionales de crédito.
Figuras como Diosdado Cabello, ministro del Interior, observan estos cambios con atención, mientras se especula sobre posibles reestructuraciones en el poder. La eliminación de estos entes marca un giro hacia un gobierno más austero, aunque persisten desafíos para reconstruir la confianza y la economía en un país marcado por años de crisis.