Debate sobre la imputabilidad penal de menores divide opiniones expertas

El avance del régimen penal juvenil en el Congreso reaviva el debate sobre la edad de imputabilidad, con expertos divididos entre mantener los 16 años recomendados por UNICEF y explorar bajas a 14, como sugiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estadísticas del Ministerio de Seguridad indican que 56.000 menores cometieron delitos contra la propiedad en ocho años, pero solo el 2% de los jóvenes participan en hechos delictivos, y menos en crímenes graves, cuestionando la efectividad de endurecer penas sin abordar causas raíz.

Panelistas coinciden en que el sistema falla al no implementar políticas preventivas, como el Sistema Integral de Protección a la Infancia, y critican la sobreactuación política que ignora el rol de adultos en redes criminales de narcotráfico o robos. La ley federal, que juzgaría provincialmente el 90% de casos, busca estándares mínimos, pero 7 provincias carecen de códigos procesales adecuados, permitiendo privaciones de libertad sin garantías. Organizaciones como UNICEF enfatizan rehabilitación sobre castigo, advirtiendo que bajar la edad no resuelve la inseguridad subyacente.

La discusión trasciende lo punitivo: redes sociales fomentan agresividad en jóvenes de todos los estratos, y la violencia cruza clases sociales, desde challenges suicidas hasta robos impulsados por pobreza. Sin inversión en educación y contención familiar, endurecer la ley solo perpetúa ciclos, exigiendo un enfoque integral que priorice inclusión sobre represión.