El debate sobre bajar la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina divide opiniones entre la necesidad de punición estricta para proteger a las víctimas y la apuesta por la resocialización de menores en contextos de pobreza y violencia. Un juez de menores de Catamarca, Rodrigo Moravito, argumenta que el 80% de los adolescentes infractores provienen de hogares con consumo de drogas, patologías mentales y abandono estatal, representando solo el 2-4% del delito total. Enfatiza que endurecer penas no resuelve raíces como la desigualdad, citando fallos de UNICEF y expertos que rechazan bajar de 14 años.
Voces políticas como Diego Recalde (Frente de Izquierda) critican la medida como ineficaz, comparando con Ecuador, donde la baja no redujo homicidios (38,8 por 100.000 habitantes vs. 3,8 en Argentina). Insiste en atacar el narcotráfico y la desocupación juvenil (19,4% en 18-24 años) para prevenir reclutamiento por bandas. En contraste, figuras como Gabriel Pitrola abogan por herramientas de contención como el programa Entramados en Buenos Aires, que activa servicios estatales para evitar reincidencia, destacando que institutos con educación y apoyo reducen recaídas en un 90%.
Testimonios de víctimas, como Marcos, padre de Kim (asesinada a los 7 años por menores de 14 y 17), ilustran el dolor irreparable y la frustración con sistemas que liberan infractores tras los 18 sin rehabilitación efectiva. Argumenta que, aunque la punición es esencial, sin resocialización real (educación, psicología), los menores salen peor. El consenso emerge en la dualidad: proteger vulnerables mientras se invierte en prevención, evitando estigmas que perpetúen ciclos de violencia.