Corrupción en agencias estatales sacude al gobierno de Milei

Investigaciones por presuntos delitos de corrupción han sacudido al entorno del presidente Javier Milei esta semana. En la Agencia Nacional de Discapacidad, el juez procesó a un exfuncionario por un esquema de sobornos estimado en 6.000 millones de pesos, involucrando coimas para acceder a compras de medicamentos y suministros. Este caso resalta vulnerabilidades en entidades clave del Estado, donde prestadores privados habrían pagado para obtener contratos.

Paralelamente, en Nucleoeléctrica Argentina, se indaga una licitación con sobreprecios en servicios de limpieza de centrales nucleares, lo que llevó a la renuncia de altos funcionarios y de Demian Raidel, un aliado cercano del presidente que lo había elogiado públicamente. La salida abrupta de Raidel subraya tensiones internas en un gobierno que prometió transparencia, pero ahora enfrenta escrutinio por irregularidades en empresas estatales estratégicas.

Otro foco de controversia es una contratación en la Cancillería para cursos de inglés a cargo de una asociación vinculada a la esposa del ministro Federico Sturzenegger. La senadora Juliana Di Tullio anunció una denuncia por incompatibilidad, aunque el gobierno, con tuits del presidente y el canciller, defiende la legalidad y publica documentación para desmentir irregularidades. Estos episodios ilustran cómo casos de corrupción, reales o percibidos, generan ruido político en un Ejecutivo que prioriza el combate a la oposición diluida.