El Congreso argentino debate con urgencia la ley penal juvenil, un proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, permitiendo que menores responsables de delitos graves enfrenten penas similares a las de adultos. Esta iniciativa, que llega al recinto con amplio consenso político y social, responde a la creciente preocupación por la criminalidad adolescente, impulsada por casos de violencia que han conmocionado a la sociedad. Expertos y legisladores destacan que no se trata solo de castigar, sino de crear herramientas para abordar la salud mental y adicciones que afectan a estos jóvenes, aunque persisten demandas por mayor infraestructura en centros de reeducación.
Encuestas recientes revelan un respaldo mayoritario: el 68% de los consultados apoya el régimen penal juvenil extendido, y el 63% favorece la baja a 14 años, alineándose con el promedio regional. Figuras como Mónica Frade y Luis Majul enfatizan la necesidad de proteger a las víctimas, recordando tragedias donde menores perpetraron homicidios sin consecuencias adecuadas. La discusión subraya que el Estado debe intervenir tempranamente, evitando que el narcotráfico reclute a niños como mano de obra barata, y critica visiones que equiparan a victimarios con víctimas.
A pesar de oposiciones que abogan por enfoques preventivos sin bajar la edad, el consenso indica un cambio histórico tras 20 años de debates estancados. La votación inminente podría marcar un punto de inflexión, priorizando la seguridad ciudadana y la responsabilidad individual desde la adolescencia, aunque expertos advierten sobre la implementación efectiva para evitar que las cárceles se conviertan en escuelas de delincuencia.
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Congreso avanza en la baja de la edad de imputabilidad a 14 años
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