La Cámara de Diputados dio media sanción a un nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves, como homicidios y abusos, poniendo fin a 40 años de debate post-dictadura. El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, establece penas de hasta 15 años en institutos especializados, con énfasis en rehabilitación y control progresivo, y responsabiliza civilmente a adultos involucrados. La aprobación, con amplio apoyo multipartidario, marca un consenso en un tema polarizante que Argentina compartía solo con Cuba en la región.
El avance responde a casos emblemáticos como el de Jeremías Monzón, donde menores cometieron crímenes atroces sin consecuencias plenas, impulsando a familiares de víctimas a presionar por cambios. Aunque el gobierno original proponía 13 años, cedió a 14 para lograr quórum, incorporando medidas como tobilleras electrónicas y apoyo escolar. Este régimen busca cortar la 'carrera del delito' temprana, afectando solo el 16% de infracciones graves, mientras el 84% (delitos contra propiedad) recibe controles no privativos.
La ley no es retroactiva, dejando sin justicia a víctimas previas, pero ofrece consuelo al prevenir futuros tragedias. Reacciones gubernamentales celebran el fin de la 'puerta giratoria', reconociendo una delincuencia más violenta y precoz. Expertos destacan el rol ampliado de las víctimas y la necesidad de implementación efectiva para equilibrar punición y prevención en un sistema anclado en normas obsoletas.
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Cámara de Diputados aprueba baja de imputabilidad a 14 años en delitos graves
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