En las prisiones de varios países, el uso de celulares por parte de los reclusos se ha convertido en un problema grave, facilitando actividades delictivas como extorsiones y sextorsiones desde el interior de los penales. En Perú, por ejemplo, se han implementado inhibidores de señal que bloquean todas las frecuencias, desde 2G hasta 5G y Wi-Fi, generando un 'ruido' electrónico que impide las comunicaciones. Sin embargo, esta tecnología presenta complicaciones, ya que afecta también a los guardias y vecinos cercanos, alterando sus señales telefónicas.
En Estados Unidos, las leyes federales prohíben los bloqueadores totales para evitar interferencias en comunicaciones legítimas, optando en su lugar por sistemas selectivos en colaboración con operadoras telefónicas. Estos permiten solo dispositivos autorizados dentro del penal, como teléfonos públicos controlados por las autoridades, que registran llamadas para distinguir entre contactos familiares y actividades ilícitas. A pesar de estas medidas, el sabotaje por parte del personal penitenciario y la corrupción persisten como obstáculos en Latinoamérica.
La prohibición de celulares en cárceles es una práctica recomendada, pero su implementación requiere decisiones presupuestarias y tecnológicas. En Argentina, casos como la sextorsión desde la cárcel de Magdalena, que llevó a tragedias personales, subrayan la urgencia de soluciones. Combinar bloqueadores con monitoreo selectivo podría reducir el 'call center del delito', aunque ninguna opción es infalible sin un control estricto.
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Bloqueadores de Celulares en Cárceles: Desafíos y Soluciones Tecnológicas
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