Bajar la edad de imputabilidad: ¿Solución o agravante para la inseguridad juvenil?

El proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad en delitos graves ha obtenido media sanción en Diputados, impulsado por un gobierno que busca responder a la creciente sensación de inseguridad. Aunque el texto no aplica penas de adultos a menores, introduce prisiones para jóvenes de 14 y 15 años con límites de hasta 15 años de encierro, junto a medidas socioeducativas. Expertos destacan que esta norma, surgida de un acuerdo congressional previo, mejora un régimen dictatorial paternalista, pero advierten sobre su implementación en un sistema penitenciario colapsado.

Argentina enfrenta una sobrepoblación carcelaria del 30%, con provincias como Buenos Aires duplicando su capacidad, lo que impide cualquier rehabilitación efectiva. La ley obliga intervenciones tempranas en familias y municipios, pero sin fondos suficientes transferidos a provincias, podría agravar el problema: más encierros sin recursos humanos capacitados ni políticas preventivas. Mientras homicidios bajan en la última década, delitos violentos en conurbanos persisten, impulsando reformas punitivistas que no abordan raíces como pobreza y falta de educación.

La clave está en un Estado inteligente que priorice prevención sobre castigo reactivo, invirtiendo en contención familiar, educación y salud para jóvenes en riesgo. Sin esto, las cárceles reproducen delincuencia, liberando individuos peor adaptados. El debate urge equilibrar justicia con derechos humanos, reconociendo que castigos solos no resuelven inseguridad; se necesitan políticas integrales para evitar que el punitivismo sea un placebo costoso para la sociedad.