La reciente discusión en el Congreso sobre la baja de la edad de imputabilidad a 14 años ha generado un intenso debate sobre su impacto en la sociedad. Este nuevo régimen busca responsabilizar a menores por delitos graves, estableciendo penas progresivas solo para crímenes penados con más de 10 años de prisión, como homicidios. Expertos destacan que el 84% de los delitos cometidos por menores son contra la propiedad, los cuales no implicarán prisión, sino medidas de control alternativas.
El cambio enfatiza la interrupción de la 'carrera del delito', reconociendo que muchos adolescentes escalan su conducta criminal sin consecuencias previas. Ahora, los menores no serán inimputables, permitiendo intervenciones tempranas. Además, se fortalece el rol de la víctima en el proceso penal y se impone responsabilidad civil a adultos involucrados, como tutores o instigadores, quienes podrían responder con su patrimonio por daños causados.
La sociedad ha demandado esta reforma para mayor seguridad, aunque persisten dudas sobre su aplicación efectiva. Este enfoque progresivo busca equilibrar justicia y rehabilitación, evitando la cárcel para delitos menores mientras aborda la gravedad de los violentos. La implementación podría marcar un hito en la prevención del crimen juvenil.
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Baja de la edad de imputabilidad a 14 años: un avance controvertido en la justicia juvenil
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