El nuevo régimen penal juvenil obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, bajando la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y reemplazando la normativa de 1980 con sanciones específicas para adolescentes. La ley establece penas de hasta 15 años de prisión sin cadena perpetua, priorizando medidas socioeducativas para delitos menores y cárcel efectiva para graves, siempre con separación de adultos y acceso a educación y salud.
El proyecto incluye un presupuesto inicial de 23 mil millones de pesos para institutos de menores y apoyo a tutores, aunque genera ruido por su implementación. La oposición critica el enfoque punitivo, proponiendo alternativas no punibles para 16-18 años y alertando sobre el riesgo de estigmatizar a jóvenes vulnerables, mientras familiares de víctimas demandan justicia ante casos de violencia juvenil.
Este avance refleja un consenso creciente sobre la necesidad de endurecer respuestas al delito adolescente, pero exige inversión en prevención y rehabilitación. Expertos enfatizan que sin cárceles adecuadas y un Poder Judicial garantista, la norma podría fallar en reducir la inseguridad que afecta al conurbano bonaerense y otras zonas urbanas.