La reforma laboral impulsada por el gobierno obtuvo media sanción en el Senado, un triunfo político en un bastión peronista que ni siquiera Carlos Menem logró en su momento. La norma moderniza aspectos clave como indemnizaciones y convenios colectivos, reduciendo la rigidez que ha paralizado el mercado laboral argentino por décadas, pero incluye concesiones como el mantenimiento de aportes sindicales directos y ajustes en licencias por enfermedad.
Uno de los puntos más controvertidos es la modificación en las licencias médicas: para enfermedades no laborales, el pago podría bajar al 75% o 50% del salario, según el empleador determine si la afección es externa al trabajo. Expertos laborales advierten que esto podría incentivar asistir enfermo al empleo, afectando la productividad y la salud colectiva, especialmente en casos graves como cáncer, donde el 100% actual se reduce.
Los sindicatos cedieron en temas como el cobro de sueldos solo por bancos para evitar fintechs, pero preservaron sus cajas, lo que críticos ven como un freno a una modernización plena. La reforma busca previsibilidad en juicios laborales, beneficiando a pymes que temen indemnizaciones desproporcionadas basadas en básicos no pagados, y podría facilitar formalizaciones si la economía despega.
A pesar de las protestas y disturbios afuera del Congreso, el gobierno negoció con pragmatismo, logrando un avance gradual que evita shocks como en los 90. Ahora, el debate pasa a Diputados, donde lobbies como el de billeteras virtuales podrían alterar el texto, pero el consenso indica que esta es una base para un mercado más flexible sin masivos despidos ni explosión de empleo, dependiendo del contexto económico.