La reciente aprobación en el Senado de la reforma laboral genera preocupación entre las trabajadoras de casas particulares, un sector ya precarizado con salarios mínimos estancados desde enero. El sueldo base para 48 horas semanales ronda los 398.722 pesos, y la hora simple 3.250 pesos, cifras insuficientes ante la inflación. Expertos advierten que la norma no mejora condiciones, sino que agrava vulnerabilidades al extender el período de prueba a seis meses, permitiendo despidos sin indemnización.
En un consultorio jurídico en vivo, se analizaron casos reales: despidos injustificados tras separaciones familiares, accidentes laborales sin cobertura adecuada y registros irregulares. Las trabajadoras pueden reclamar indemnizaciones por año trabajado, incluso en negro, pero la reforma elimina preavisos y reduce protecciones por enfermedad, proponiendo pagos del 50% o 75% del sueldo durante incapacidades. Vacaciones siguen autorizadas por el empleador, con posibilidad de fraccionamiento, pero sin cambios significativos; se pueden acumular hasta dos años, aunque prescriben después.
La ley especial para este gremio evita algunos recortes generales, como multas por trabajo no registrado, pero no exime de reclamos por diferencias salariales o accidentes. Abogados instan a no temer amenazas de empleadores y a iniciar acciones judiciales pronto, especialmente para quienes llevan menos de seis meses. La reforma, aún pendiente en Diputados, se ve como regresiva y anticonstitucional, afectando no solo a domésticas sino a todo el mercado laboral, priorizando acumulación sobre derechos humanos.