Tras motines carcelarios y ataques que mataron a más de 10 policías, Guatemala entró en estado de sitio por 30 días para combatir al Barrio 18, pandilla con 22.000 miembros fortalecida tras su debilitamiento en El Salvador. Reos tomaron rehenes en tres prisiones, pero fuerzas de seguridad neutralizaron al líder 'El Lobo' y retomaron el control. El presidente Bernardo Arévalo enfatizó que el gobierno democrático no tolerará la criminalidad, desplegando ejército y policía en zonas como la 18 de Ciudad de Guatemala.
El ministro de Defensa, Henry Saínz, aclaró que no emulan el modelo de Bukele, priorizando derechos humanos y cárceles certificadas bajo normas Mandela, sin masificaciones. Miles de detenciones incluyen requisas diarias, pero críticos señalan afectación a inocentes y fallos en la justicia, como imputaciones menores a presuntos asesinos. Honras fúnebres a los policías abatidos, incluyendo a un novato de tres meses, conmueven al país.
Arévalo acusa a gobiernos previos de corrupción que permitió lujos a pandilleros —camas king, delivery, aires—, financiados por extorsiones. La diputada Sonia Gutiérrez urge reformas al sistema penitenciario para depurar impunidad. A corto plazo, se busca cortar comunicaciones y privilegios a reos, menguando su poder sin extender el sitio indefinidamente.