El Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente el decreto presidencial que elevaba el salario mínimo en un 23% para 2026, beneficiando a 2,4 millones de trabajadores al llevarlo a unos 478 dólares mensuales. La decisión responde a demandas de empresarios y analistas que argumentan que el incremento, superior a la inflación del 5% de 2025, es insostenible y genera efectos inflacionarios al dinamizar la economía y elevar costos laborales. El gobierno tiene ocho días para emitir un decreto transitorio mientras se resuelve de fondo.
La medida mantiene el statu quo temporalmente, evitando un salto que podría presionar precios en un país con inflación ya alta comparada a vecinos como Chile o México. El Banco de la República respondió subiendo tasas de interés un punto porcentual para contener expectativas inflacionarias, encareciendo créditos en un momento delicado para el consumo. Empresarios celebran el freno, pero sindicatos critican el impacto en el poder adquisitivo de los más vulnerables.
Esta polémica refleja tensiones entre crecimiento social y estabilidad macroeconómica bajo el mandato de Gustavo Petro. Analistas esperan que el decreto transitorio equilibre demandas, priorizando sostenibilidad para no agravar la desigualdad ni desestabilizar la economía colombiana en un contexto regional volátil.