El Congreso argentino ha dado un paso histórico al aprobar la ley penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad a 14 años, un debate que lleva dos décadas y que por primera vez logra consensos amplios. La norma establece que, para delitos graves, los menores recibirán penas equivalentes a las de adultos, pero con énfasis en la reeducación y espacios adecuados, evitando que las cárceles comunes se conviertan en escuelas del crimen.
Encuestas recientes muestran un respaldo mayoritario de la sociedad: el 68% apoya el régimen penal juvenil y el 63% está de acuerdo con bajar la imputabilidad a 14 años. Políticos y expertos coinciden en que esta medida responde a la realidad de bandas criminales que reclutan a niños y adolescentes, como el caso de la banda del Millón que opera desde penales y utiliza menores en asaltos violentos, protegiendo así a las víctimas principales: los fallecidos y sus familias.
Críticos argumentan que el foco debe estar en la salud mental y el consumo de drogas como el paco, proponiendo centros de internación en lugar de solo penas. Sin embargo, el consenso político y social subraya que esta ley no solo castiga, sino que busca prevenir, alineándose con el promedio regional y rompiendo con la impunidad que ha dejado a muchas familias sin justicia por años.
La implementación requerirá presupuesto para infraestructura y programas de rehabilitación, pero representa un avance en el abordaje integral de la criminalidad juvenil, priorizando la protección de la sociedad y la contención efectiva de los menores infractores.