La reciente media sanción de la reforma laboral en el Senado ha introducido modificaciones significativas en el régimen de licencias médicas, generando un intenso debate sobre sus implicancias para los trabajadores. Bajo el nuevo esquema, las licencias por enfermedades o accidentes no relacionados con el trabajo otorgarán solo el 75% del sueldo, mientras que aquellos casos considerados de riesgo voluntario, como lesiones en actividades recreativas, reducirán el pago al 50%. Estas medidas buscan combatir el ausentismo y los fraudes en certificados médicos, que según expertos alcanzan hasta el 7% en algunas empresas, pero han sido criticadas por endurecer las condiciones para los empleados.
Actualmente, los trabajadores con más de cinco años de antigüedad y cargas de familia reciben el 100% de su salario durante licencias que pueden extenderse hasta un año. La reforma acorta estos plazos a tres o seis meses y altera la remuneración, lo que el ministro Federico Sturzenegger defendió como una forma de eliminar abusos, como las licencias psiquiátricas fraudulentas. Sin embargo, especialistas laborales como Julián de Diego advierten que estas cambios representan una degradación del sistema, ya que no existían en el proyecto original y podrían judicializarse por su ambigüedad en definir 'riesgo voluntario'.
El impacto social es preocupante, especialmente para quienes enfrentan enfermedades graves no laborales, como cáncer o Chagas, donde el pago reducido podría no cubrir necesidades básicas ni tratamientos médicos. En comparación internacional, países como Estados Unidos cubren estas situaciones mediante seguros privados, mientras que en Europa hay un fuerte compromiso estatal. La oposición argumenta que, en lugar de resolver el desempleo, esta norma agrava la precariedad, y se espera resistencia en la Cámara de Diputados que podría retrasar su aprobación.
El debate subraya la tensión entre reducir costos empresariales y proteger derechos laborales en un contexto de alta informalidad. Si bien el gobierno insiste en que fomenta el empleo formal, críticos sostienen que el verdadero obstáculo es la economía general, no las licencias, y llaman a un enfoque más equilibrado para evitar judicializaciones masivas.