La aprobación de bajar la edad de imputabilidad a 14 años expone el fracaso de políticas preventivas en barrios vulnerables. Expertos policiales argumentan que generaciones de menores crecen en entornos de droga y delincuencia familiar, donde robar se convierte en la única 'dignidad' ante la ausencia estatal, exigiendo impuestos sin proveer educación o seguridad efectiva.
Legisladores que ahora debaten ignoran décadas de inacción: hijos de delincuentes heredan el ciclo, con familias numerosas fomentando ejércitos privados vía planes sociales. La prevención es ideal, pero inexistente; aulas deben construirse, pero mientras, imputar a partir de los 14 sella el 'derrame de petróleo' actual, protegiendo a la sociedad de víctimas dobles: ciudadanos y policías expuestos a riesgos sin respaldo.
Minores comprenden la criminalidad desde temprana edad, inmersos en un folclore delictivo donde visitas a cárceles y aplausos a robos normalizan la violencia. La Iglesia Católica enfatiza intervenciones inmediatas sin privación total de libertad, promoviendo rescate de hogares tóxicos hacia institutos especializados para romper el ciclo fatal, donde pocos superan los 30 años sin cambio radical.
La clave radica en políticas integrales: extraer niños de senos delincuenciales y invertir en prevención real, no en discursos que perpetúan la victimización sin soluciones concretas para una sociedad harta de inseguridad.