La Cámara de Diputados aprobó media sanción a la reforma del Código Penal Juvenil, reduciendo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves como homicidios, abusos y robos violentos, sin posibilidad de perpetua pero con penas de hasta 10 años y alternativas tras dos tercios cumplidos. El proyecto exige instalaciones separadas de adultos y enfoca en rehabilitación, pero críticos lo tildan de arbitrario e injusto, argumentando que ignora causas sociales del delito juvenil, que representa menos del 1% de crímenes graves.
Voces a favor, como familiares de víctimas, ven justicia para casos de violencia extrema, mientras opositores cuestionan la elección de 14 años sin base científica, priorizando prevención sobre punición. La ley busca equilibrar protección infantil con respuesta a inseguridad, pero divide opiniones en un debate de décadas en Argentina.
Relevante para sociedad civil, este avance legislativo impacta la percepción de seguridad y derechos humanos, urgiendo diálogo sobre juventud y crimen. En un contexto de crecientes robos, invita a reflexionar si endurecer penas reduce violencia o agrava desigualdades.
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Reforma Penal Juvenil: Baja de Imputabilidad a 14 Años y Polémica Desatada
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