La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley penal juvenil, reduciendo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con 149 votos a favor y 100 en contra. Esta medida permite que adolescentes desde los 14 años sean juzgados por delitos, con penas que van desde alternativas hasta prisión para casos graves, buscando evitar la impunidad en crímenes cometidos por menores. El proyecto ahora pasa al Senado, donde se espera su aprobación antes del 26 de febrero para que el presidente pueda presentarlo como un logro en la apertura de sesiones legislativas el 1 de marzo.
Esta reforma representa un cambio paradigmático en el sistema judicial argentino, abordando un tema controvertido que ningún gobierno democrático había logrado avanzar. Aunque no resuelve por completo la inseguridad, que depende de factores como la eficiencia policial y judicial, es un paso clave para responsabilizar a menores en delitos serios. Críticos argumentan que requiere inversión en infraestructura especializada, como dependencias para adolescentes, en un contexto de ajuste fiscal.
Para el público, esta noticia es relevante porque impacta directamente en debates sobre seguridad ciudadana y derechos infantiles, generando discusiones sobre equilibrio entre punición y rehabilitación. En un país con crecientes preocupaciones por la delincuencia juvenil, esta aprobación podría influir en la percepción de efectividad del gobierno Milei, que la ve como un éxito legislativo esencial.
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Congreso aprueba bajar edad de imputabilidad a 14 años en ley penal juvenil
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