En la Cámara de Diputados, se debate la ley de responsabilidad penal juvenil, proponiendo bajar la imputabilidad a 14 años con penas de hasta 15 para delitos graves, priorizando resocialización sobre mera punición. Familiares de víctimas, como Elizabeth (madre de Edgardo Villar, asesinado en 2019 por un menor de 15) y Victoria (hermana del médico Juan Carlos Cruz, baleado en 2023 por adolescentes), protestan afuera exigiendo justicia y prevención de impunidad.
Testimonios emotivos revelan casos como el de Cruz, cirujano que salvó vidas en la pandemia pero fue ejecutado sin resistencia por menores prófugos de institutos. Rubén Carvalho, de la ONG Familiares de Víctimas, aboga por institutos educativos y laborales para reinsertar a los jóvenes, criticando la corrupción en policía y justicia que agrava la delincuencia. La oposición oficialista, vía diputada Rodríguez Machado, enfatiza un régimen moderno con 51 artículos para tratamiento integral.
Este debate pone rostro humano al drama de la inseguridad, equilibrando derechos de menores con protección a víctimas. Para el público, es un llamado a reformas que aborden raíces sociales como abandono y narcotráfico, potencialmente transformando el sistema penal juvenil en uno más justo y efectivo.
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Voces de víctimas exigen bajar la imputabilidad penal de menores en el Congreso
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