En un debate candente en la Cámara de Diputados, se discute la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, reemplazando el régimen de 1980 para abordar la criminalidad juvenil impulsada por narcos en zonas vulnerables. Expertos como el exjuez Germán San Martín y el penalista Leonardo Sigal coinciden en la necesidad de reforma, pero advierten sobre la falta de infraestructura: centros de resocialización inexistentes convierten las instituciones en 'escuelas de gladiadores' sin rehabilitación efectiva. Casos como el de Aaron, líder de banda a los 13, ilustran cómo menores usados como sicarios por carteles escapan al sistema actual, afectando barrios controlados por el crimen organizado.
La ley promete herramientas para procesar a menores desde los 14, pero sin presupuesto (solo 16 millones de dólares para 24 provincias) y con juzgados saturados, podría agravar la reincidencia. Sigal enfatiza que el 70% de jóvenes en el sistema consumen drogas duras de hogares disfuncionales, y sin separación de adultos ni programas educativos reales, salen peor. San Martín cita experiencias en villas donde niños de 3 años ya están expuestos a violencia narco, proponiendo incluso bajar a 12 años para cortar el ciclo temprano.
Este análisis revela un problema estructural: leyes buenas sin implementación fallan en proteger a víctimas como las familias de Brian Aguinaco o Jeremías Monzón, impulsoras de la reforma. Para el público, destaca la urgencia de una política integral que combine punición con resocialización, evitando que la baja de imputabilidad sea solo simbólica y contribuya a una sociedad más segura mediante inversión en prevención y justicia efectiva.
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Debate sobre Baja de Edad de Imputabilidad: ¿Solución o Desafío para la Justicia Juvenil?
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