El proyecto de ley penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, avanza en la Cámara de Diputados tras negociaciones entre el gobierno, PRO y UCR. Crea un régimen especial para menores de 14-18 años, priorizando alternativas a la prisión como reparación a víctimas y corrección, reservando la cárcel como última opción. El gobierno se compromete a cubrir costos de implementación, incluyendo reformas en pabellones y contratación de profesionales, aliviando a las provincias.
El experto Adrián Ventura explica que, aunque no resuelve la inseguridad total, es parte de la solución al responsabilizar a adolescentes con conciencia de delito, evitando impunidad en casos graves. Critica opiniones como las de la Iglesia por no proponer alternativas concretas, enfatizando la necesidad de educación y valores democráticos para prevenir delitos. La maduración cerebral (lóbulo frontal) justifica los 14 años, comparado con edades menores en países como Reino Unido (10 años).
Este tema polariza la agenda política, reflejando tensiones entre punitivismo y rehabilitación juvenil. Para la audiencia, resalta la urgencia de políticas integrales contra la delincuencia menor, más allá de castigos, promoviendo debates informados en un contexto de creciente preocupación social por la seguridad.
El Trece
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Baja de edad de imputabilidad a 14 años: Debate en el Congreso
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