En una sesión clave en la Cámara de Diputados, el Congreso argentino avanza hacia la aprobación de la ley penal juvenil, un proyecto que lleva más de 20 años en debate y busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años, aunque el gobierno impulsaba los 13. El consenso político, forjado tras episodios de violencia protagonizados por jóvenes, permite una votación holgada con alrededor de 130 votos a favor, representando un triunfo para el oficialismo tras la reciente modernización laboral. La ley enfatiza no solo la punición, sino la necesidad de políticas públicas preventivas, reeducación e infraestructura para evitar el fracaso estatal en la contención familiar y escolar.
El debate en el recinto destaca la tensión entre ideologías: mientras algunos legisladores argumentan que llevar a un adolescente ante un juez penal es el colapso de todas las políticas previas, otros insisten en que delitos graves como portar armas no pueden quedar impunes. La sesión, presidida por Bethsabée Saloman, transcurre con exposiciones limitadas a seis minutos, y se espera la media sanción antes de las 19 horas. Este avance obliga al Senado a ratificarlo sin modificaciones para evitar demoras, subrayando la urgencia de instrumentar programas de rehabilitación con presupuesto adecuado.
Para el público, esta ley es relevante porque aborda la inseguridad creciente, alineando a Argentina con estándares internacionales donde la imputabilidad juvenil es menor. Sin embargo, expertos advierten que sin inversión en prevención, podría fallar, exacerbando problemas como el reclutamiento de menores por bandas delictivas. Es un paso hacia una justicia más equitativa, pero exige compromiso estatal para transformar realidades sociales vulnerables.
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Avance histórico: Argentina aprueba ley penal juvenil con imputabilidad desde los 14 años
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