Con 149 votos a favor y 100 en contra, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves como homicidio o robo agravado, limitando penas a un máximo de 15 años en establecimientos separados de adultos. El proyecto incluye financiamiento de 23 mil millones de pesos para reformas edilicias y educación resocializadora, respondiendo a demandas de gobernadores por no absorber costos solos. Aliados como PRO, UCR y sectores peronistas (incluyendo referenciados a Massa) apoyaron, fracturando al oficialismo opositor.
El texto, modificado desde 2023, exige penas superiores a 10 años para restricciones de libertad y prioriza rehabilitación, pero genera debate por su implementación: Pichetto propuso cláusulas para provincias y mayor presupuesto, destacando la necesidad de cambio profundo ante reincidencias juveniles. Este logro oficialista, tras el caso de un menor con nueve delitos, refuerza la agenda de seguridad de Milei, pero enfrenta el Senado en 10 días donde podría ajustarse el financiamiento.
Relevante para el público, este segmento aborda una preocupación social clave: la delincuencia juvenil, ofreciendo un marco punitivo que busca equilibrar justicia con resocialización, potencialmente reduciendo impunidad pero exigiendo inversión en infraestructura para evitar colapsos en el sistema penal.
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Aprobación del régimen penal juvenil: imputabilidad desde los 14 años con mayoría en Diputados
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