Senadora Ávila defiende reforma laboral con énfasis en la informalidad y la economía regional

En un intenso debate en el Senado argentino, la senadora por Tucumán, Beatriz Ávila, aborda la reforma laboral como un nuevo contrato social esencial para dignificar el trabajo en el país. Destaca que Argentina enfrenta más de 15 años de estancamiento económico con una inflación crónica y una tasa de informalidad del 42,2%, la más alta de América Latina, afectando a unos 140.000 trabajadores en su provincia que carecen de registro, vacaciones, aguinaldo y obra social. Ávila enfatiza que esta legislación, aunque no crea empleo por sí sola, moderniza reglas obsoletas de hace 50 años, adaptándolas a la era digital y la inteligencia artificial, y es crucial para reducir la precariedad laboral que destruye la productividad y la dignidad humana.

La senadora es clara al afirmar que la reforma debe ir acompañada de cambios estructurales en impuestos, finanzas y políticas para activar economías regionales en crisis, como la textil en Tucumán, donde la capacidad instalada es inferior al 30% por la caída del consumo. Critica duramente al gobierno por declaraciones de funcionarios, como el ministro de Economía que tildó de 'robo' la ropa argentina y promueve compras en el exterior, lo que erosiona la confianza y agrava la desconexión con la realidad de millones de argentinos. Ávila resalta logros en el debate, como la exclusión del artículo sobre el impuesto a las ganancias que habría restado 80.000 millones a su provincia, gracias a consensos con el gobernador y diálogo multipartidario.

Este segmento es relevante porque ilustra el pulso del debate legislativo sobre una reforma que impacta directamente en el futuro laboral de los argentinos, equilibrando avances con críticas constructivas. En un contexto de alta tensión política post-elecciones, Ávila subraya la necesidad de previsibilidad macroeconómica para que las pymes blanqueen trabajadores y las mujeres y jóvenes accedan a empleos formales, posicionando la ley como un punto de partida imperfecto pero necesario para fomentar inversión y derechos reales, no solo declaraciones de buenos deseos.