Escándalo en cárceles: celulares permitidos fomentan estafas y violencia interna

Un dictamen judicial de marzo de 2020, emitido por el juez Víctor Horacio Violini durante el inicio de la pandemia, autorizó el uso de celulares en todas las unidades penitenciarias de Buenos Aires para mantener contacto familiar en aislamiento. Sin embargo, con la emergencia superada, esta medida persiste ilegalmente, permitiendo que presos usen los dispositivos para delitos como estafas virtuales, que han cobrado vidas como la del soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó tras ser engañado desde dos cárceles platenses. Ejemplos incluyen perfiles falsos en OnlyFans y llamadas extorsivas, convirtiendo las prisiones en centros de crimen organizado.

La relevancia periodística es alarmante: mientras el Estado falló en implementar controles como teléfonos públicos con turnos, los celulares facilitan actividades ilícitas, desde peleas grabadas con facas improvisadas hasta reclamos absurdos como el de la Unidad 47 por 'pollo mutante' en la comida. Casos como el de Nadir Galarza, condenada a perpetua, muestran cómo imágenes manipuladas con IA lucran con su figura, cuestionando la supervisión penitenciaria. Expertos como el abogado Juan Pablo Gallego insisten en que revocar esta autorización es factible vía el Ministerio de Justicia nacional, dada su impacto interestatal.

Para el público, este segmento expone la ironía de un sistema que priorizó humanidad temporal pero ignoró riesgos permanentes, afectando a jubilados y familias inocentes. La falta de requisas visibles y comunicación oficial agrava la indignación, urgiendo acciones para desmantelar esta 'herramienta delictiva' y restaurar el orden en las cárceles, donde el ocio y la conectividad sin control perpetúan un ciclo de violencia y fraude.