Escalada de tensión en Rosario: Policía protesta por salarios y condiciones laborales

En un momento de alta tensión, la policía de Rosario, Santa Fe, protagoniza una protesta masiva que paraliza el patrullaje en la ciudad, exigiendo mejoras salariales y el levantamiento de sanciones. El conflicto, que se intensificó en las últimas horas, deja en evidencia las precarias condiciones laborales de los efectivos, con sueldos que oscilan entre 700 y 900 mil pesos, insuficientes para enfrentar los riesgos diarios en una zona azotada por el narcotráfico. Conductores del programa 'Buen Día Nación' debaten la gravedad de la situación, destacando el riesgo de efecto contagio en otras provincias y la ilegalidad de la huelga policial, mientras el gobierno nacional y provincial coordinan respuestas para evitar un colapso en la seguridad.

Desde la Jefatura de Policía de la Unidad Regional Número 2, la cronista Abigail Oliverio reporta en vivo el bloqueo de patrulleros, sirenas permanentes y la presencia de unos 400 efectivos, junto a familiares y policías retirados. Una entrevista exclusiva con Marcelo, un policía retirado con 30 años de servicio, revela el hartazgo acumulado por humillaciones, suicidios en la fuerza y la falta de diálogo, subrayando que esta es la sexta protesta similar que recuerda, siempre con sanciones como desenlace. El reclamo no solo busca aumentos, sino dignidad y un sindicato, ausente en la estructura policial argentina, lo que hace de esta manifestación un llamado urgente a reformar el sistema de seguridad pública.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anuncia en conferencia que la operatividad se mantuvo en un 80-90% gracias a fuerzas federales, pero advierte sobre la continuidad del plan contra el narcotráfico. Esta crisis pone en jaque la política de seguridad del gobierno nacional, que monitorea de cerca para prevenir contagios, recordando que la policía no puede huelguear por ley. Para el público, este episodio resalta la necesidad de priorizar la seguridad como eje fundamental, equilibrando reclamos legítimos con el orden público en una Argentina donde el delito acecha.