Tras casi tres días de tensión en Rosario y otras ciudades de Santa Fe, la protesta de policías y personal penitenciario culminó con un acuerdo histórico anunciado por el gobernador Maximiliano Pullaro. Los manifestantes, que paralizaron patrulleros y cortaron avenidas frente a la jefatura policial, exigían mejoras salariales y condiciones laborales, incluyendo traslados dignos y la reincorporación de sancionados. El decreto provincial establece un salario mínimo de 1.350.000 pesos para todo el personal, con pluses adicionales de hasta 500.000 pesos para tareas operativas en zonas de alta conflictividad como Rosario, elevando el bolsillo de un policía raso a cerca de 2.334.000 pesos en ese contexto.
El gobernador reconoció la legitimidad del reclamo en una conferencia de prensa, destacando el esfuerzo fiscal para beneficiar a todos los rangos, desde técnicos hasta operativos, y prometiendo mejoras en el transporte para evitar traslados precarios en condiciones climáticas adversas. Además, se levantaron sanciones administrativas a 25 policías pasados a disponibilidad, aunque causas penales pendientes quedan al ámbito judicial. La protesta, inusual por involucrar a personal en actividad pese a prohibiciones internas, generó momentos de alta tensión, como reproches al jefe policial, pero finalizó con celebraciones y aplausos tras la firma del decreto.
Esta resolución es clave para la audiencia al resaltar desafíos en la seguridad pública argentina, donde bajos salarios erosionan la motivación de las fuerzas, impactando directamente en la lucha contra el crimen en provincias como Santa Fe, epicentro de violencia narco. El acuerdo no solo alivia tensiones inmediatas sino que podría inspirar reclamos similares en otras regiones, subrayando la necesidad de políticas integrales para retener talento en seguridad y garantizar servicios eficientes a la ciudadanía.
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Acuerdo salarial resuelve protesta policial en Santa Fe
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